SEGUNDO.- El artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho, entre otros, cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Asimismo el nº 2 de dicho artículo añade que también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
En el presente caso la liquidación objeto de impugnación ha sido dictada sin tener en consideración la Inconstitucionalidad declarada de los artículos 107. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales llevada a cabo por las Sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal Constitucional el 11 de mayo de 2017, el 30 de octubre de 2019 y el 26 de octubre de 2021.
Estas sentencias vienen a cuestionar la constitucionalidad de los preceptos cuya nulidad declara, tomando en consideración que los artículos 1071 y 107.2 adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial por cuanto que, como se dice, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que señala, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
Por su parte, se indica que, el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FI 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el árgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...].
Finalmente la Sentencia dictada el 26 de octubre de 2021 por el Pleno del Tribunal Constitucional en su recurso 3320/2020, ha venido a completar los supuestos de inconstitucionalidad que afecta a la regulación de la plusvalía municipal, como el caso que ahora impugnamos, declarando la nulidad por inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales en supuestos diferentes de los recogidos en las sentencias de 2017 y 2019. Se trata ahora de supuestos en los que el incremento de valor, que existe, es inferior al calculado ope legis como base imponible, y la cuota tributaria consume, sin agotar, una parte significativa de ese incremento real, por lo que la duda de constitucionalidad que suscita el auto de planteamiento en relación con estos artículos sigue vigente. Por todo ello, se estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla -sede en Málaga- y declara inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE). La consecuencia de dicha declaración, como indica la propia sentencia es, por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL lo cual supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Finalmente el Fundamento jurídico nº 6 apartado B) viene a establecer que, como en el caso que ahora se recurre, pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, no hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.
En definitiva, tal y como ocurre en el presente caso, la utilización de la fórmula que emplea el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales supone una vulneración del principio de capacidad económica, del principio de progresividad y tiene un carácter claramente confiscatorio y por lo que procede la anulación de la autoliquidación practicada no pudiéndose aplicar los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLHL por ser contradictorios a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Española.
La capacidad económica es el punto de partida conforme al cual debe realizarse nuestra contribución al sostenimiento de las cargas públicas, y ordena la articulación de los elementos estructurales del tributo, incluidas la base, o los tipos de gravamen o las cuotas. El Tribunal Constitucional ha sustentado (STC37/1987), que basta que la capacidad económica exista como riqueza real o potencial, para que el principio constitucional quede a salvo. Pero también ha dicho (STC 221/1992), que el principio constitucional quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia. De forma que (STC 214/1994), si se sometiera a tributación una renta que solo fuera en realidad una renta inexistente, ello podría afectar al principio de capacidad económica.
Desde esta perspectiva, el esquema legal de configuración del IIVTNU grava el incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto en las transmisiones, lo que no resulta objetable porque el incremento constatado es manifestación de capacidad económica no discutible. Pero contiene una forma de cuantificación de la base imponible que integra una auténtica ficción legal de que el incremento se produce siempre y en todo caso, y en cualquier transmisión sujeta.
El artículo 31.1 CE recoge los principios de justicia tributaria y establece que el sistema tributario no puede tener un carácter confiscatorio por tanto, el Impuesto de la Plusvalía Municipal no puede gravar de igual manera a todos los contribuyentes, independientemente de la ganancia obtenida. También supone una claro atentado con el otro de los principios recogidos en el artículo 31 de la Constitución: el principio de progresividad por cuanto dicho artículo exige que la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos se realice a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
El principio de progresividad constituye uno de los pilares de nuestro sistema tributario y supone que a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto aumenta la contribución pero ésta ha de ser siempre proporcional al incremento de la riqueza e igualmente debe suponer una efectiva redistribución de la renta y de la riqueza. Y este principio tiene un límite que es infranqueable que es el de no confiscatoriedad.
Deben respetarse los elementos de cuantificación del tributo, debiendo existir una relación entre la capacidad económica del contribuyente y la tributación efectiva. El cálculo de la base imponible de este impuesto se lleva a cabo según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid y lo dispuesto en el artículo 107 del IIVTNU, teniendo en cuenta el valor catastral del suelo en el momento del devengo valor al que se le aplica un coeficiente de revalorización dependiendo del número de años en los que el inmueble se ha tenido en propiedad. Por tanto es un sistema de cálculo en el que resulta indiferente y ajeno al incremento real obtenido.
TERCERO.- La referida sentencia dictada el 26 de octubre de 2021 por el Pleno del Tribunal Constitucional en su recurso 3320/2020 declara inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE). Dicha sentencia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 282 de 25 de noviembre de 2021.
Como consecuencia de ello resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 72.2 de la LJCA que establece que la anulación de una disposición general producirá efectos para todas las personas afectadas; y, producirá efectos generales desde la publicación de su fallo en el mismo diario oficial en que se publicó su aprobación.
Específicamente, en cuanto a las consecuencias de la anulación de las disposiciones generales, el artículo 73 de la LJCA, señala que la anulación de un precepto de una disposición general no afectará, por sí misma, a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo haya aplicado antes que su anulación alcanzara efectos generales (fecha de la publicación de la sentencia anulatoria en el Boletín oficial correspondiente), salvo en el caso en que se excluyera la responsabilidad o se redujera la sanción que no estén ejecutadas completamente.
En el caso de autos, resulta que la liquidación objeto del presente procedimiento no es firme, por cuanto pende el presente procedimiento y, la liquidación objeto de recurso carecería de sustento legal al haber quedado sin contenido los preceptos en virtud de los cuales se procede al cálculo de impuesto, puesto que su regulación y contenido han quedado sin efecto al ser firme la sentencia del Tribunal Constitucional citada.
Por lo anterior, procede estimar el presente recurso, sin que haya lugar a analizar, por ser innecesario, los restantes motivos impugnatorios.