RESPUESTA ANTE LA CRISIS
Como es sabido, los remedios clásicos de la Hacienda Pública, cuando un país sufre una calamidad, como una guerra, una plaga o una peste, son: recurrir a la previa acumulación de un tesoro, la deuda pública en todas sus modalidades o un impuesto extraordinario sobre la riqueza, remedios a los que, modernamente, se han sumado las soluciones monetaristas que pueden ejercer los bancos centrales: emisión de moneda, fijación de tipos, compra de deuda pública y privada, etc. y dentro de la UE: los fondos, préstamos y otras actuaciones de apoyo financiero y económico que puedan crearse ante el Covid-19 (Coronavirus).
Tampoco conviene olvidar, por otra parte, que la moneda única europea ha suprimido otro de los recursos de los Estados ante las crisis económicas como la devaluación de la moneda.
Ante la idea de una parte del Gobierno de implantar un nuevo impuesto sobre la riqueza, que gravaría a los titulares de patrimonios superiores a un millón de euros, se ha desatado una polémica que va, desde la conveniencia y oportunidad del nuevo tributo hasta si realmente dicho gravamen pudiera llegar a recaudar los aproximadamente 11.000 millones de euros que estiman sus impulsores, dado que si no llegara a recaudar más allá de los 2.000 millones de euros, que consideran sus detractores, no parece que valiese la pena su implantación, véase en este sentido, por ejemplo, lo publicado en el diario “El Mundo” del 14 de mayo de 2020, pág. 7, poniendo en duda que este nuevo tributo pudiera llegar a recaudar dichos 11.000 millones de euros.
CUESTIONES A DEBATE SOBRE UN NUEVO IMPUESTO SOBRE LA RIQUEZA
En primer lugar, se discute sobre si se puede crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio, cualquiera que fuera su denominación, mientras existiera el actual o habría, previamente, que eliminar este, en mi opinión, esta cuestión depende de la naturaleza del nuevo tributo, si es un impuesto extraordinario sobre el patrimonio, en el sentido de que fuera temporal, gravara realmente el patrimonio y tuviera la finalidad de paliar la crisis económica derivada del Covid-19, esa naturaleza extraordinaria distinta de la del actual Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que grava, realmente, de forma complementaria la renta de las personas físicas, permitiría su compatibilidad.
En sentido jurídico, debe considerarse, por otra parte, que el artículo 31 de la Constitución Española no proscribe que en nuestro sistema tributario se produzcan supuestos de doble imposición jurídica, es más existen algunos ejemplos clarísimos, como la múltiple imposición que sufre el sector inmobiliario, a la que ya me referí en un trabajo anterior publicado en este mismo blog, o la doble imposición legal entre el IVA y el ITP y AJD, también en el ámbito de dicho sector inmobiliario.
Además de lo anterior, no debe olvidarse que el vigente IP es un tributo estatal, aunque cedido a las Comunidades Autónomas (CCAA), por lo que el Estado, como por otra parte ya hizo en su momento, puede suprimirlo, simplemente, según la normativa de financiación autonómica, debiendo, en ese caso, compensar los ingresos que dejen de producirse a las mencionadas CCAA. También podrían utilizarse otros mecanismos, tales como establecer un recargo sobre el IP vigente; dejar de cederlo a las CCAA y modificarlo en los términos que a continuación se expondrán, etc.
En conclusión, legalmente es posible implantar un tributo extraordinario sobre la riqueza para ayudar a la necesidad de aumentar los ingresos públicos para una imprescindible reconstrucción económica, siendo la decisión de su establecimiento de carácter político.
INGRESOS POTENCIALES: CÁLCULO CON BASE EN LOS DATOS DEL IP VIGENTE
Respecto a cuanto es posible recaudar por un nuevo tributo sobre la riqueza como el que se propone, cuyas características, según los medios de comunicación, conformarían un impuesto que solo gravaría a los patrimonios superiores a un millón de euros, en el que se exoneraría, solamente, las primeras viviendas hasta 400.000 €, con unos tipos de un 2% para los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los superiores a los 50 millones y con un 3,5% a partir de los 100 millones, sin que se haga referencia a mantener otros beneficios fiscales ni el actual límite conjunto de la cuota íntegra con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), nada mejor que basar su cálculo en datos ciertos y públicos y no en simples especulaciones.
Para analizar este extremo, por tanto, partiendo del actual tributo, que con unos 200.000 contribuyentes, según recoge el libro electrónico de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, cuyo enlace para quienes quieran consultarlo es:
Según dicho libro el IP recaudó en el año 2016 -último publicado en la página Web del Ministerio de Hacienda- 1.039 millones de euros.
Para poder cuantificar cuantas personas superarían el millón de euros, según el citado trabajo, en una primera aproximación sin mayores matizaciones, habría que partir del cuadro número 2 de dicho libro, tomando los declarantes de más de 300.000 euros, toda vez que en el actual IP existe un mínimo exento general -aunque alguna CA ha variado el mismo- de 700.000 euros, con lo que, en principio, solo habría que suprimir una parte no determinada de los que han declarado una base imponible igual o menor a dichas 700.000 euros, que pudiera estimarse en la mitad del porcentaje de los mismos, que es del 18,7%, con lo que de los 198.000 declarantes solo se restaría los correspondientes al 9,35%. En este caso, se tendrían, como mínimo un número de contribuyentes para el nuevo tributo de 198.000 – (198.000 X 0,0935) = 179.487 más que posibles contribuyentes.
Dado que ya existe una exención de la vivienda habitual similar a la que se propone, no se tendrá en cuenta la misma para calcular las cuotas, pero si habrá que ajustar la cuota final respecto a las otras exenciones.
Según el mencionado cuadro de bases imponibles las que correspondan a los nuevos tipos se tendría lo siguiente, aplicando la primera matización anterior, habría que calcular los contribuyentes con un patrimonio entre 1 y 10 millones, que serían 198.000 x 0,985 = 195.030 - 18.513 = 176.517 contribuyentes, con una base imponible de aproximadamente, según el cuadro 9 del mismo libro de la DGT, de 283.442.000.000. Por lo que aplicando el tipo la cuota se tendría 283.442.000.000 x 0,02 = 5.668.840.000 €.
El tramo de 10.000.000 a 50.000.000 € sería de 2.810 contribuyentes con una base imponible de 51.626.000.000, por lo que la cuota sería de 51.626.000.000 x 0,025 = 1.290.672.000 €.
Respecto a los contribuyentes de entre 50.000.000 y 100.000.000, serían 152 con una base imponible de 10.203.000.000, por lo que aplicando el tipo del 3%, la cuota sería de 306.000.000 €.
Por último, los contribuyentes de más de 100.000.000 serían 83 con una base imponible de 15.501.400.000, con lo que aplicando el tipo del 3,5%, la cuota sería de 542.549.000 €.
En total, sin tocar prácticamente nada del antiguo impuesto, se obtendrían unos ingresos de 5.668.840.000 + 1.290.672.000 + 306.000.000 + 542.549.000 = 7.808.061.000 €, lo que haría un tipo medio del 2,16% (7.808.061.000 / 360.772.400.000 x 100).
Teniendo en cuenta el tipo medio anterior y el importe de las exenciones, según el cuadro 5 del mencionado libro electrónico sobre el IP de la DGT, reiteradamente citado, ascienden, sin tener en cuenta las relativas a las habituales o primeras viviendas, a 234.981.900.000 €, con lo que si se gravasen al tipo medio calculado se tendría una cuota adicional de 5.075.609.000 € que sumado a la antes calculada nos daría una cuota final de 12.883.670.040 €.
CONCLUSIONES FINALES
Establecer o no un nuevo tributo sobre la riqueza es legal y económicamente posible, con mantenimiento o con supresión del actual Impuesto sobre el Patrimonio, la decisión es, exclusivamente, de naturaleza política, concretamente de política económica -los políticos deberán elegir entre los diversos medios para poder paliar o neutralizar la crisis económica que se avecina-.
Su potencial recaudatorio podría incluso superar los 11.000 millones de euros que se manejan por sus impulsores, en concreto con los parámetros propuestos por sus defensores, se alcanzarían e, incluso, se superarían los 13.000 millones de euros.
Naturalmente, si se mantuvieran las actuales exenciones del IP, la cantidad se reduciría a unos 8.000 millones de euros y si se dejara en vigor también el límite conjunto, la cantidad a a ingresar decaería aun más, puesto que, según los datos del vigente IP redujo la cuota íntegra en 1.389 millones de euros, por lo que su importancia actualmente es importantísima, beneficiando sobre todo a los contribuyentes con mayores patrimonios. Estos últimos aspectos darían lugar a que, de aplicarse estos beneficios fiscales, se volviera a airear por los detractores de este impuesto que no tiene potencial recaudatorio.
Autor: José Javier Pérez-Fadón Martínez
Fuente: Blogcanalprofesional
Fecha: 18-5-2020